Lozada se terminó de volver loco! quiere meter gente común a controlar a sus señorías

Lozada pide participación ciudadana en los Consejos de la Magistratura

El Juez analizó el llamado a "democratizar" la Justicia y advirtió sobre los intereses sectoriales que pueden existir tras esa propuesta. En diálogo con el programa radial "Una vuelta rionegrina", planteó que una alternativa sería abrir a la sociedad la integración de los Consejos de la Magistratura. En esta nota, los puntos principales de su exposición.

"Creo que hay algo intrínsecamente positivo en preguntarnos sobre el rol de los poderes judiciales en las sociedades democráticas contemporáneas, ya sea en torno a los modos de elección, sanción y remoción de los jueces; su adecuación republicana; así como en la necesidad de introducir reformas en el campo judicial.
Sin embargo, merece atención el contexto en que se produce esa reflexión que, de por sí, resulta positiva. Tal cosa, por cuanto podría ocurrir que el llamado a 'democratizar' sea efectuado ateniéndose a necesidades políticas partidarias; esto es, conforme intereses sectoriales puntuales y no, en cambio, en un interés genuino por la cuestión.
Ello sucede cuando ciertos grupos en particular llaman a la 'democratización' del poder judicial cuando tienen frente a sí a una, o a varias sentencias judiciales que no resultan conformes a sus intereses o expectativas.
Ante un supuesto tal es posible advertir que la intención latente no es democratizar ninguna dinámica institucional en particular, sino sólo ejercer presión para que los jueces fallen en un sentido determinado.
Distinto es el caso de enfoques menos oportunistas y coyunturales, podríamos decir, más estructurales y sistémicos, preocupados por los desajustes de los poderes judiciales frente a las expectativas ciudadanas.
Ahora bien. Partiendo de la base que la discusión y el debate en torno a la llamada 'democratización' de los poderes judiciales bien merece espacio y profundización, cabe preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de 'democratización' en el ámbito judicial.
Y ello por cuanto está claro que se trata de uno de los poderes del Estado y, puntualmente del único, cuyos miembros no son elegidos por el voto popular. Si esto es así, y si la población no ejerce controles directos sobre lo que ocurre en dicho campo, es necesario plantearnos cómo y de qué modo un poder tal, ajeno a la dinámica democrática tradicional, puede adquirir legitimidad en el ámbito del Estado democrático de derecho.
Está claro, entonces, que en principio 'democratización' no se refiere a la designación de los jueces conforme el sufragio popular, con los controles periódicos que esa expresión trae consigo. Entonces: ¿Cómo puede el ciudadano y los grupos sociales incidir en la conformación de los modelos judiciales; en la determinación de sus prioridades y orientación; en la selección y control de sus funcionarios?.
Me parece que estas son algunas de las preguntas que pueden ser formuladas, debatidas, y ojala que respondidas, no ya de un modo oportunista y coyuntural, sino como parte de un capítulo social e institucional que pareciera exigir un abordaje muy serio y profundo.
Una de las fórmulas posibles para lograr una adecuación democrática de los poderes judiciales quizá podría resultar en el diseño de Consejos de la Magistratura que resultan suficientemente representativos de las particularidades de las sociedades actuales: heterogéneas, complejas, dilemáticas, e integradas por individuos y grupos que, en ocasiones, poseen marcados disensos e intereses entre sí.
Un Consejo tal ya no debería ser el foro capaz de integrar a unos pocos representantes de las mayorías, tal como sucede con los legisladores, y a otros pocos representantes de los colegios de abogados, con sus muy puntuales intereses, sino, en cambio, a un colectivo que también incluya a otros actores sociales.
Me refiero, en lo sustancial, a representantes de los trabajadores judiciales y a sus sindicatos; a representantes de las universidades nacionales con desempeño en la región; a miembros rotativos de ONG’s; e incluso con representación de ciertas minorías legislativas y de sectores sociales tradicional e históricamente postergados, como podrían resultan los miembros de pueblos originarios.
Una integración que, me parece, es la que mejor se condice con la defensa del pluralismo y la protección de los derechos de las minorías, en tanto capaz de conceder voz y voto a quienes históricamente han venido
careciendo de ellos".