“El Estado no los quiere reconocer, los particulares los denuncian y la justicia los persigue”

Foto Odhpi

Micaela Gomiz, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, expresó en diálogo con La Palangana que la situación de la comunidad Paichil Antriao es de vulnerabilidad.

La comunidad Paichil Antriao está reconocida por el Estado como pueblo pre existente y comenzó la solicitud de su personería jurídica en el año 2003. Según narró Gomiz, “con un proceso de recuperación de identidad y de reorganización ha planteado todas las reivindicaciones históricas, políticas, territoriales dentro del ejido municipal de Villa La Angostura, se ha reorganizado y posee algunas de las tierras que forman parte del antiguo lote 9, que es donde está constituida Villa La Angostura, que era el lote pastoril que poseían la familia Paichil y la familia Antriao en la época en que llegó el Estado argentino a esa zona”.

“En estos últimos años, con toda la avanzada turística que ha tenido Villa La Angostura, todos los últimos lotes que habían quedado en posesión de la comunidad se han ido repartiendo de maneras más o menos fraudulentas y han provocado el despojo territorial de las familias que fueron parte de la comunidad”, expresó la representante del Odhpi: “en los últimos diez años esto ha significado un proceso de judicialización, de criminalización y desalojos violentos, porque el Estado en vez de buscar soluciones a esta problemática y tener otro tipo de vinculación con un pueblo indígena, sobre todo después de todo el avance de derechos que ha tenido este país, ha dejado que se tratara de relaciones privadas entre los particulares y la comunidad”.
La semana pasada, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas fue a plantear al Concejo Deliberante de Villa La Angostura su preocupación por la actual situación de la comunidad. Propusieron como salida a una parte del conflicto que se haga un relevamiento territorial en la ciudad, conforme a lo que exige la ley nacional 26.160, con seis años ya de vigencia. “Las consecuencias de la inacción en el relevamiento, son casos de violencia y judicialización como los que vienen pasando”, expresó Gomiz.
Según el Odhpi, algunas de las situaciones de compra de tierras pertenecientes a la comunidad se realizaron de manera fraudulenta, pero en otras se trataría de “compradores de buena fe que han sido estafados al momento de hacer la adquisición de estas tierras”. (8300)