La carta expresa el nombre y apellido de los fallecidos, así como las circunstancias en las cuales se produjeron sus respectivas muertes, todas ellas dudosas o mediante asesinatos. Tres de aquéllos eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.
Los firmantes expresaron que a ello deben sumarse las amenazas verbales y los ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los autores y partícipes.
Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos por parte de la Gendarmería Nacional y provenientes de distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. A partir de lo cual los accidentes dudosos y los asesinatos recrudecieron en los últimos tres años, coincidiendo con el período en que sus denuncias se hicieron más visibles y reiteradas.
Según expresan, a tal cosa contribuye "que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes".
Y si bien todos estos casos han sido denunciados y están, o debieran estar, siendo investigados por los organismos correspondientes, lo cierto es que la reacción de los respectivos Estados provinciales y de los Poderes Judiciales ha sido dispar. Lo que evidencia, en muchos casos, una indiferencia e incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra los indígenas en sus respectivos territorios.
Destacan que la violencia hacia dicho pueblo no es un fenómeno reciente. Sus comunidades poblaban originariamente el territorio donde luego se estableció el Estado, sufriendo entonces todas las consecuencias negativas, como lo habían hecho durante la conquista y la colonización, que afectan a aquellos que pierden las guerras territoriales.
Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales las agresiones no se detuvieron.
Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado y los qom, como los miembros de otros pueblos originarios, resultan titulares de todos los derechos correspondientes a los ciudadanos argentinos. Se les reconocen, asimismo, facultades específicas en su calidad de pueblos indígenas, como los de participación y consulta sobre los "intereses que los afecten".
No obstante ello, a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.
Y es en este punto crucial en donde llaman especialmente la atención de la presidenta, ya que se trata de un problema de extensión nacional que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica. Principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y, aunque en menor medida, el turismo.
Tanto los sobrevivientes de los ataques como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos acometimientos. De modo que el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios sino que es parte de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.
Los firmantes apelan a la intervención presidencial para disminuir las acciones y los discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos.
Todo ello, aclaran, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.
(*) Juez Penal. Catedrático Unesco
Los firmantes expresaron que a ello deben sumarse las amenazas verbales y los ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los autores y partícipes.
Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y abusos por parte de la Gendarmería Nacional y provenientes de distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. A partir de lo cual los accidentes dudosos y los asesinatos recrudecieron en los últimos tres años, coincidiendo con el período en que sus denuncias se hicieron más visibles y reiteradas.
Según expresan, a tal cosa contribuye "que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes".
Y si bien todos estos casos han sido denunciados y están, o debieran estar, siendo investigados por los organismos correspondientes, lo cierto es que la reacción de los respectivos Estados provinciales y de los Poderes Judiciales ha sido dispar. Lo que evidencia, en muchos casos, una indiferencia e incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra los indígenas en sus respectivos territorios.
Destacan que la violencia hacia dicho pueblo no es un fenómeno reciente. Sus comunidades poblaban originariamente el territorio donde luego se estableció el Estado, sufriendo entonces todas las consecuencias negativas, como lo habían hecho durante la conquista y la colonización, que afectan a aquellos que pierden las guerras territoriales.
Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales las agresiones no se detuvieron.
Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado y los qom, como los miembros de otros pueblos originarios, resultan titulares de todos los derechos correspondientes a los ciudadanos argentinos. Se les reconocen, asimismo, facultades específicas en su calidad de pueblos indígenas, como los de participación y consulta sobre los "intereses que los afecten".
No obstante ello, a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.
Y es en este punto crucial en donde llaman especialmente la atención de la presidenta, ya que se trata de un problema de extensión nacional que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica. Principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y, aunque en menor medida, el turismo.
Tanto los sobrevivientes de los ataques como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos acometimientos. De modo que el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios sino que es parte de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.
Los firmantes apelan a la intervención presidencial para disminuir las acciones y los discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos.
Todo ello, aclaran, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.
(*) Juez Penal. Catedrático Unesco
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